miércoles, 16 de octubre de 2013

Biblioteca pública (digital)

Me gustaría traer a este apartado bibliotecario del blog un artículo de opinión del escritor Lorenzo Silva (en Twitter @VilaSilva) que salió publicado en el Diario SUR el pasado miércoles 9 de octubre. No lo he encontrado en formato digital, así que lo transcribo de la edición de papel del susodicho periódico.

Se titula "Biblioteca pública (digital)".

Uno de los argumentos más pintorescos, pero a la vez más recurrentes, con los que se justifica entre nosotros la piratería digital de contenidos culturales protegidos por los derechos de autor, se resume en que dicha actividad viene a procurar el libre acceso a la cultura. Según esta argumentación, quienes copian libros, películas o música sin el permiso de sus autores, y luego enlazan a las copias no autorizadas, serían una especie de gestores informales del servicio público que provee de cultura gratuita a la población. Algunos apologetas van más allá, alegando que este servicio tiene singular legitimidad en un país con seis millones de parados que carecen de renta para costearse su ocio cultural, y en tanto que los perjudicados (por los contenidos digitales que dejan de vender) son grandes corporaciones y opulentos autores que en el pasado se han enriquecido sin tasa.

Digo que el argumento es pintoresco porque la gestión de los servicios públicos suele hacerla la Administración, directamente o a través de contratista o concesionario seleccionado con publicidad y concurrencia, y nunca por medio de quien se postula para ello por sí y ante sí; y menos si esa postulación, como ocurre con muchas páginas de enlaces, implica un jugoso negocio propio al margen del interés público y en perjuicio de tercero. Por otra parte, cuando los poderes públicos consideran necesario prestar un servicio, lo hacen pagando a sus proveedores (por ejemplo, los fabricantes de equipos médicos o las compañías de suministro de energía u otros consumibles) y no confiscándoles a éstos aquello que resulta preciso para desarrollarlo. Luego esos costes se repercuten al ciudadano vía tasas o se financian con impuestos, pero en ningún caso se legitima la requisa.

Estoy de acuerdo con la conveniencia de favorecer el acceso a la cultura de quienes no tienen medios, y con que eso sea un servicio público. Lo que ocurre es que hace tiempo que se inventó: se trata de la vieja biblioteca pública, que en este siglo XXI debe desarrollar su dimensión digital, propiciando ese acceso mediante pactos con los productores de contenidos culturales que permitan ponerlos a disposición de los ciudadanos, sin coste para los más desfavorecidos y si acaso con una tasa módica (pongamos 10 o 15 euros al año), mientras dura la crisis de las arcas públicas, para quienes sí tienen renta. Con esa tasa, y en lo que ésta no alcance con cargo a impuestos, cabría prever una remuneración razonable y limitada por el uso (que no descarga) a los titulares de los derechos, fiscalizada y garantizada por los poderes públicos en función de la demanda real de cada una de las obras. Limpio, transparente, equitativo, y sin esos Robin Hood que se erigen en justicieros y que, se pongan como se pongan, distan de ser garantes del bien común.

1 comentario:

  1. Me parece una propuesta más que interesante y en la que habría que avanzar. Igual que podemos ir a la biblioteca y coger un libro en préstamo sería muy beneficioso (para todos) el poder acceder al préstamo de libros en formato digital (y en el mayor número posible de formatos) desde nuestra propia casa. Evidentemente para los que leemos mucho un coste de 10-15 euros al año podría ser perfectamente asumible, aunque no sé si todos los actores estarían a favor. Lorenzo Silva siempre ha ido, para fortuna de los lectores, un paso por delante.

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